Si bien el Gobierno nacional realizó recientemente un aumento del 29% a través del decreto 425/25, los recursos asignados en 2025 para el sector universitario se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas.
Por segundo año consecutivo, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtieron una baja pronunciada en el presupuesto asignado a las universidades públicas.
Un magro presupuesto
En términos reales, el presupuesto para 2025 del Programa de Desarrollo de la Educación Superiores es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. «Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad», afirman.
Además, la inversión por estudiante es la más baja desde 2005: $2,1 millones en 2025 cuando en promedio entre 2010 y 2023 se gastaba $4 millones. Ajustada por inflación, esta cifra es 53% menor que la registrada hace una década.
«Las universidades públicas cumplen un rol estratégico en la producción de conocimiento, la formación de profesionales y la reducción de desigualdades. La caída sostenida de su presupuesto compromete estas funciones y refleja un cambio en las prioridades del Estado, con consecuencias para el desarrollo educativo y científico«, añaden desde ACIJ.
El proyecto de las universidades
Este jueves se realizó una masiva marcha universitaria con epicentro en CABA, pero que se repitió en otras ciudades como Córdoba, Bariloche y Rosario. El conflicto universitario vuelve a emerger, al igual que el año pasado, de nuevo frente a los recortes oficiales.
A principios de junio, con el acompañamiento de autoridades, estudiantes y trabajadores, se presentó en el Congreso el nuevo proyecto legislativo para garantizar el financiamiento de la educación universitaria. Tras el veto realizado por Javier Milei en 2024, la comunidad vuelve a la carga con un nuevo documento que busca recomponer los salarios, actualizar los gastos de funcionamiento y ampliar el monto y la cantidad de becas. Además, crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina.
Nicolás Retamar, de la Agencia de Noticias de la UNQ, cuenta que el proyecto también estipula un crecimiento en la inversión del PBI para el sector hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031. A tono con el discurso oficialista, el actual proyecto no representa un “gasto extra”, sino que se sustenta con fondos de coparticipación federal (dinero que proviene de impuestos) y que le corresponden a la Nación. Por lo tanto, no afecta las cuentas del Estado ni el equilibrio fiscal.
“Se trata de insistir, pero ahora con el aporte fundamental de explicar qué recursos se pueden utilizar. En este sentido, el argumento del veto anterior a la Ley fue que no se explicitaba cómo se iba a financiar. Esto no genera déficit fiscal en lo más mínimo y no se crean más impuestos, sino que la propuesta es reasignar partidas del Estado”, afirma Alfredo Alfonso, rector de la Universidad Nacional de Quilmes, en diálogo con la Agencia de Noticias Científicas de la UNQ.
Y agrega: “Se trata de un proyecto para financiar el futuro de la formación en Argentina, con toda la complejidad y diversidad que implica. Asimismo, este nuevo proyecto prevé un incremento de los valores del PBI hasta alcanzar el 1,5 por ciento en 2031. Es un documento muy consciente y muy serio. Fue muy bien recibido por los distintos bloques que acompañaron esta presentación del proyecto. Confiamos muchísimo en que el 4 de junio tome estado parlamentario y el 18 de junio se pueda tratar en la Cámara de Diputados”.
Se sueña. Se proyecta. Se defiende.
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— F.U.A. (@laFUA) May 28, 2025
Más allá de lo relativo al presupuesto, el nuevo proyecto establece como objetivos afianzar el ingreso, la permanencia y culminación de los estudiantes. Al mismo tiempo, se propone ampliar la oferta de carreras, fortalecer los vínculos entre las universidades y sus comunidades a través de la extensión, consolidar la investigación y asegurar la infraestructura de las Casas de Altos Estudios.
Según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), desde noviembre de 2023, el salario de los profesores perdió 28 por ciento de su poder adquisitivo y las paritarias se transformaron en aumentos unilaterales otorgados por el gobierno. Un informe de la propia Universidad Nacional de Quilmes advierte que uno de cada cuatro trabajadores de la institución está por debajo de la línea de pobreza.
A su vez, el presupuesto universitario pasó del 0,72 por ciento del PBI en 2023 a un estimado de 0,43 por ciento para este año. Los fondos para las becas disminuyeron casi un 75 por ciento en comparación a 2023, las obras que estaban anunciadas o que habían comenzado están paralizadas y no hay dinero para investigación y extensión universitaria.
