El aumento logrado por personal del Hospital Garrahan a fuerza de lucha no tuvo su correlato en otros hospitales nacionales. Los reclamos de médicos residentes por mejoras salariales nunca se resolvieron y se sumaron los meses sin cobrar para quienes ingresaron al sistema este año. Ante este panorama, médicos y médicas en formación de hospitales nacionales de distintos puntos del país presentaron una carta ante el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. Si no reciben respuestas en los próximos días, anunciarán medidas de fuerza.
“Resulta imperioso que las autoridades nacionales resuelvan de manera urgente el incumplimiento del pago de haberes, la actualización salarial y la falta de cumplimiento de la Ley y Resolución mencionadas (Ley de Emergencia Pediátrica y resolución 2109). No solo implica una vulneración a los derechos de los residentes nacionales, sino que podría agravar el funcionamiento del sistema de Salud Nacional y la calidad de atención a la población”, expresó el colectivo en la carta presentada este jueves en el Ministerio a cargo de Lugones.
El reclamo de las y los residentes dependientes de Nación comenzó en los primeros meses del año. Se sumó luego la movilización de todo el personal del Garrahan, y el conflicto adquirió más visibilidad con ese foco. Profesionales de la salud del hospital pediátrico de máxima complejidad lograron un aumento, pero los residentes de otros hospitales nunca obtuvieron respuesta. Solo más precarización.
Nación se desentiende, Lugones no responde
“Ahora parece que todo lo que reclamaban las residencias se resolvió porque se aumentó en el Garrahan, pero no. Creo que el objetivo último con la transformación de las residencias en becas y la eliminación del examen único es que el Gobierno Nacional deje de hacerse cargo de las residencias nacionales. Es evidente”, dice Elián Chali, residente de cuarto año de clínica médica en el Hospital Posadas.
“Para el sistema de salud implicaría que no exista más como eje rector el sistema nacional de residencias. Durante años la definición del sistema era cubrir parte de la beca con la finalidad de tener una posición rectora en relación a condiciones laborales en otras provincias y en definiciones de cupos, que es el pensar el recurso humano de manera estratégica para la Argentina. Eso dejaría de existir”, advierte.
A mediados de año, tras meses de reclamos, Lugones anunció una modificación en el sistema de residencias que las convertía en dos opciones de becas: la Beca Ministerio, dependiente de la cartera nacional, y la Beca Institución, dependiente de cada hospital o instituto. Estas últimas, sin derechos laborales y con opciones de bonos extra dependientes de cada establecimiento.
El repudio a esa medida fue generalizado. Incluso sociedades médicas advirtieron por el impacto que tendría en el sistema de salud. Pero Lugones siguió adelante. La fuerza del reclamo llevó a que se incluyera entre los artículos de la Ley de Emergencia en Pediatría la derogación de ese cambio en el sistema de residencias. La normativa se aprobó, pero la resolución que convertía las residencias en becas nunca se derogó.
Invisibilizados
“La Ley de Emergencia Pediátrica es para todas las residencias pediátricas y da de baja la resolución que modifica los contratos y quita un montón de derechos. Estuvimos asesorándonos legalmente, porque por más que salió la ley y el Ejecutivo rechazó su implementación, el argumento siempre fue el financiamiento. Pero la parte de la ley que da de baja la resolución sobre residencias tiene que ver con cuestiones contractuales, no con cuestiones de financiamiento. Entonces no tienen argumento para no acatarla”, reflexiona Victoria Zaina, residente de tercer año de psicología en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur (Inareps), en Mar del Plata.
Allí, entre 60 residentes, hay 24 que ingresaron en septiembre y hasta el momento nunca cobraron. La denigración de residencias en dos tipos de becas generó además una situación de desigualdad en todo el sistema: “En tercer año sigo con el contrato viejo, tengo obra social, aguinaldo. Las compañeras de primer año y los jefes –que deben renovar contratos- no tienen esos derechos”, compara Zaina. En su categoría el sueldo es de alrededor de un millón de pesos. «Vamos a esperer una respuesta del Ministerio, que hace mucho que no responde. No hay diálogo», afirma. Hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta de la cartera encabezada por Lugones sobre el tema.
Residentes del Inareps comenzaron a visibilizar sus demandas antes de la presentación de la carta a Lugones con el conjunto de la Asamblea de Residentes de Nación. “Estamos con retención de tareas. Como los compañeros que no cobran son becarios, no sabemos si tienen derecho huelga”, plantea la psicóloga.
“Desde la implementación del nuevo Reglamento de Residencias Nacionales 2109/2025, nuestras condiciones laborales se han deteriorado de manera alarmante. Lo que antes eran garantías mínimas para sostener un trabajo tan exigente como el nuestro, licencias por enfermedad, aguinaldo, seguridad laboral, se transformó de un día para el otro en privilegios negados”, escribió la asamblea de residentes del Inreps. “Y como si eso fuera poco, quienes ingresamos bajo este nuevo régimen llevamos tres meses sin cobrar nuestro sueldo”.
Para cerrar su comunicado, expresaron que “lo más doloroso no es solo la falta de respuestas. Es la indiferencia. Ni el Ministerio de Salud de la Nación ni las instituciones donde trabajamos han sido capaces de recibirnos, escucharnos o darnos una explicación mínima. Hemos sido ignorados sistemáticamente. Invisibilizados. Como si nuestra situación fuera un daño colateral aceptable. Como si nuestra vocación alcanzara para pagar alquileres, comprar comida o sostener nuestras vidas”.
Sin residentes no hay hospital
“Exigimos volver a la resolución anterior, como dice la Ley de Emergencia, con otras condiciones laborales y no siendo becarios. Y exigimos el cobro de los ingresantes de primer año y los jefes de residentes, que más allá de haber elegido Beca Institución o Beca Ministerio están sin recibir sus becas. En nuestro hospital hay de las dos modalidades sin cobrar”, denuncia Sol Fleitas, trabajadora social y residente de segundo año en el Hospital Ramón Carrillo.
“Los fondos para eso salen del Ministerio de Salud. Con la Beca Institución se excusan, pero la respuesta del hospital es que la liquidación la tiene que aceptar el Ministerio”, aclara.
En el Ramón Carrillo –Ex Colonia Montes de Oca- se suma el reclamo contra el desguace de las políticas de salud mental, que también impacta sobre las residencias. “Estuvimos junto al hospital Bonaparte luchando contra el cierre de las Risam (Residencia Interdisciplinaria en Salud mental) y el recorte de cupos. Pero nos dicen que es una decisión política –relata Fleitas- Que están de acuerdo con la formación disciplinar, que cada área se forme de manera individual y no integral e interdisciplinariamente en salud mental”.
El cierre de cupos en musicoterapia y en terapia ocupacional ya es un hecho: este año no hubo ingresos. Sólo se sostuvieron los cupos en psiquiatría, psicología y enfermería. Además, según alertó Fleitas, no se entregaron títulos de especialidades a quienes se recibieron en agosto de 2024 y 2025.
“Todo esto repercute porque somos los residentes los que sostenemos en gran medida los hospitales públicos, sumado a que somos los profesionales que nos estamos formando y vamos sostener la salud del país de cara a los próximos años”, remarca Fleitas. “En la calidad de atención no da lo mismo tener que hacer guardias constantemente para poder subsistir por fuera de la residencia. Están pensadas con dedicación exclusiva pero hoy todos tenemos que salir a buscar trabajos por fuera para sostenernos y eso impacta en la calidad de atención”.
