Romina Cacchione estaba comprando en un supermercado chino cuando le avisaron por teléfono que había salido sorteada. Corrió hasta la casa, abrazó al hijo. A la noche improvisaron un brindis. Agostina Ortiz y Pablo Rasente no tienen hijos, pero bastó que llegara el mail del banco con la confirmación para proyectar la cuna en el segundo dormitorio, ese que al principio usarían para amontonar las cajas de la mudanza. Natacha Luisi siempre fue cauta: no le contó a ninguno de sus tres hijos que ella también había ganado el sorteo porque no tenía la costumbre de las buenas noticias. Hasta que una tarde, volviendo en tren a Wilde, no se aguantó más y les señaló el reluciente edificio donde pronto vivirían. Algo parecido hizo Paola Pérez Cáceres con su madre cuando llegó desde Mendoza a visitarla. La llevó hasta el predio y juntas imaginaron la vista apabullante desde allá arriba, el espectáculo de los atardeceres.
La lista de sueños arrebatados es todavía más grande: 160 familias resultaron adjudicatarias en noviembre de 2023, a través de un sorteo público y hasta televisado del Plan Procrear, para viviendas del edificio Sagol de Avellaneda, las mismas que hace unos días la ministra de Seguridad Patricia Bullrich entregó, con llave en mano, a miembros de las fuerzas federales.
La cesión pública –promocionada como acto de Gobierno– provocó una demanda colectiva encabezada por el defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, en representación de unas 60 familias que reclaman la devolución de las viviendas del predio Sagol. En simultáneo, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 9 tramita una denuncia penal contra la propia Bullrich, el ministro de Economía Luis Caputo, el secretario de Desarrollo territorial, Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía Aybar Perlender Rodrigo y el presidente Javier Milei por los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
En el texto de la denuncia, radicada por el abogado Leonardo Martínez Herrero en representación de cinco familias damnificadas, se detalla que “las viviendas del plan PRO.CRE.AR señaladas se encontraban finalizadas, a la espera de la ocupación para su destino (…). El barrio Sagol I y II fue creado con el fin de beneficiar a quienes se encuentran actualmente viviendo bajo un régimen de contrato de alquiler», el cual además de sufrir reiterados aumentos «tiene vencimiento, debiendo ser renovado con el incremento en gastos al que deben someterse”. Y acota que “para mayor daño aun en desbaratamiento de los derechos acordados por parte del Estado, luego de ello la ministra de Seguridad, Lic. Patricia Bullrich, encabezó en Avellaneda la entrega de esas mismas 160 viviendas a efectivos de las Fuerzas Federales, en el marco de un supuesto plan federal, cuando las viviendas ya habían sido adjudicadas mediante sorteo oficial a beneficiarios particulares conforme las reglas, lo cual genera un conflicto jurídico directo respecto a su reasignación arbitraria”.
Foto: Pedro Pérez
Cronología del despojo
“Mi hija de siete años tiene autismo y para la gente que transita alguna discapacidad este es un momento muy difícil, una lucha constante. Ahora tengo que sumarle la pelea por la vivienda. Yo no quiero que me regalen nada porque esa no fue mi crianza. A mí me enseñaron a luchar por lo que es justo y lo justo es tener mi techo”, aclara Paola, una de las que asumió la visibilización del reclamo.
La cronología del despojo comenzó el 21 de noviembre de 2023 cuando las familias recibieron por mail la notificación del Banco Hipotecario de que habían sido seleccionadas para participar del sorteo a realizarse el día 23 por el entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Las 160 familias ganadoras del sorteo, transmitido por la TV Pública, recibieron al día siguiente otro mail donde se las instaba a realizar el proceso de conformación del crédito para el desarrollo urbanístico Sagol I y II. Algunas incluso recibieron la tarjeta de débito emitida por el banco y lograron llenar los formularios web para la preadjudicación. En diciembre, con la asunción del nuevo Gobierno nacional, el proceso se estancó: el Banco Hipotecario y los organismos que integraban el Plan Procrear dejaron de responder. Por si quedaban dudas sobre la nueva dirección, en noviembre de 2024, el Decreto 1018/2024 eliminó el Procrear. Adiós al programa de acceso a créditos hipotecarios accesibles que permitía a las familias argentinas acceder al sueño de la primera vivienda. El golpe de gracia llegó con el anuncio de Bullrich: “¡Felicitaciones a las familias que hoy abren la puerta de su nuevo hogar! Esto es cuidar a quienes nos cuidan”, celebró, envalentonada por los aplausos de los uniformados.
“Que la señora Bullrich –continúa Paola– entregue las llaves de nuestras casas en un acto público es como ver una estafa en vivo. Me parece perfecto que le quiera dar viviendas a las fuerzas federales por los años de servicio, pero que no lo haga con nuestro predio. No entiendo la ecuación que hace la ministra para entregar viviendas que ya habían sido adjudicadas. Ella habló de irregularidades, de uso político; Acá no hay ningún ‘kuka’ o ‘camporista’. Nos deja en un plano de vulneración al depositar en el inconsciente colectivo que somos ‘ñoquis’ que queremos algo sin pagarlo. Nos pueden investigar de punta a punta y así se va a dar cuenta qué clases de personas somos”. Romina, otra compañera involuntaria en este grupo de damnificados, refuerza: “esta mujer (por la ministra Bullrich) dijo que esas viviendas se las entregaban a amigos del poder. Nosotros somos todos laburantes; docentes, trabajadores sociales, abogados, hasta hubo policías que se anotaron. Nosotros ganamos un sorteo real y transparente”.
La misma indignación comparte Agostina: “Vemos en redes que muchos dicen que vayamos a trabajar, pero no saben que esas viviendas no fueron un regalo, sino el fruto de nuestro esfuerzo. Tuvimos que cumplir varios requisitos para superar la primera instancia, como por ejemplo tener un trabajo en blanco con un año de antigüedad mínimo y mostrar capacidad de pago de las cuotas”. Y acota a modo de triste conclusión: “toda esta demora fue a partir del cambio de Gobierno, pero no se trata solo de una demora, sino de una vulneración a nuestro derecho adquirido a tener una casa”.
Foto: Pedro Pérez
«El caso de Sagol es una confiscación»
“El caso de Sagol es una confiscación, ni siquiera una expropiación porque no hubo una indemnización; solo les dilataron la entrega a los que legítimos adjudicados”, explica el abogado Leonardo Martínez Herrera. El «desbaratamiento de derechos acordados» se refiere a un delito que ocurre cuando una persona, habiendo previamente acordado un derecho sobre un bien o cumplimiento de una obligación, realiza actos que tornan imposible, incierto o litigioso ese derecho. Se comete cuando se frustra un acuerdo previo a través de acciones posteriores que afectan el derecho otorgado y castiga la conducta de quien, después de haber otorgado un derecho sobre un bien o el cumplimiento de una obligación, realiza actos que impiden o dificultan el ejercicio de ese derecho o el cumplimiento de esa obligación.
