El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se presentará este jueves ante un tribunal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, en el marco de la causa que los investiga por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Ambos enfrentarán su segunda comparecencia ante la Justicia estadounidense.
La pareja permanece alojada en una prisión de Brooklyn desde el 3 de enero, cuando fue destituida tras una incursión de fuerzas de Estados Unidos. Dos días después de ese operativo se presentaron por primera vez ante el juez, y esta nueva audiencia marcará un punto clave en el desarrollo del proceso.
En esta oportunidad, el juez Alvin Hellerstein analizará una moción presentada por los abogados de Maduro y Flores, quienes sostienen que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos interfiere en su derecho constitucional a la defensa. El planteo se centra en las restricciones para acceder a fondos del Estado venezolano.
Según argumentaron los letrados, la imposibilidad de utilizar esos recursos afecta directamente la capacidad de afrontar los costos del proceso judicial y limita la posibilidad de elegir libremente a sus abogados, lo que —advirtieron— vulnera garantías básicas del sistema legal.
Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima. pic.twitter.com/omF2UpDJhA
— The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026
Los cargos y las posibles penas
De acuerdo con el Código Penal estadounidense, los delitos que se les imputan contemplan penas que van desde los 30 años de prisión hasta la cadena perpetua para ambos. La gravedad de las acusaciones ubica al caso entre los de mayor impacto en la justicia federal de Estados Unidos.
Además, las autoridades estadounidenses identificaron y bloquearon activos vinculados a la pareja por cerca de 700 millones de dólares. A su vez, la investigación financiera, que incluye rastreos en paraísos fiscales, estima que la red de corrupción habría movido hasta 4.000 millones de dólares.
El conflicto por los fondos y la defensa legal
Los abogados también cuestionaron la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), al considerar que interfiere directamente en el derecho de los acusados a elegir su defensa. En ese sentido, remarcaron que obligarlos a aceptar un abogado designado por el tribunal no resuelve el problema.
Por el contrario, sostuvieron que esa alternativa agrava la situación, ya que limita su estrategia judicial en una causa de extrema complejidad, donde los recursos y la defensa técnica resultan determinantes para el desarrollo del proceso.
Nicolas Maduro had his chance — until he didn’t.
The Trump Admin will always defend American citizens against all threats, foreign and domestic. ??? pic.twitter.com/eov3GbBXf4
— The White House (@WhiteHouse) January 4, 2026
