El Gobierno de Estados Unidos acusó al régimen de Nicolás Maduro de operar como un “régimen criminal” luego de confirmarse la muerte del exgobernador opositor Alfredo Díaz, quien permanecía detenido en el centro de reclusión de El Helicoide bajo cargos de “terrorismo” e “instigación al odio”. El hecho desató una ola de repudios internacionales y renovó las denuncias sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.
El Departamento de Estado emitió un comunicado a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, donde calificó el fallecimiento del dirigente como un reflejo de la “vil naturaleza” del aparato represivo encabezado por Maduro. Díaz murió tras más de un año en prisión preventiva y sometido a un régimen de aislamiento extremo dentro del Sebin, organismo señalado por la ONU por prácticas de tortura.
El partido opositor Voluntad Popular afirmó que el exgobernador habría sufrido un “infarto fulminante” en el centro de detención, atribuyendo el hecho a las condiciones inhumanas en las que se encontraba. La fuerza política calificó el caso como una consecuencia directa de un sistema que “persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder”.
Denuncias de la oposición venezolana
Diversos líderes opositores, entre ellos Leopoldo López, responsabilizaron de manera directa al Gobierno venezolano por la muerte de Díaz. López sostuvo que el dirigente “murió en el centro de tortura El Helicoide” y denunció que llevaba meses solicitando atención médica sin obtener respuesta, señalando que se trata de “otra víctima de la dictadura”.
La esposa del exgobernador, Leynys Malavé, cuestionó públicamente las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y reclamó una investigación internacional: “¡Es indignante! El Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia. ¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?”, expresó en redes sociales.
Críticas de organismos de derechos humanos
Amnistía Internacional Américas ya había advertido sobre la situación del dirigente, calificando su detención como arbitraria y motivada por su perfil político. La organización denunció que Díaz fue sometido a desaparición forzada durante los primeros cuatro días de su arresto. Un patrón que se repite en numerosos casos documentados dentro del sistema penitenciario venezolano.
El fallecimiento se suma a una extensa lista de denuncias internacionales que señalan a Venezuela por persecución política, torturas y falta de garantías judiciales. La presión internacional vuelve a intensificarse en un contexto en el que la comunidad global exige la liberación de presos políticos.
