La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) elaboró un informe en el que denuncia la peor situación de represión desde 1983. El análisis corresponde a los dos primeros años del Gobierno de Javier Milei y desnuda los hechos de violencia estatal que sufre la sociedad argentina.
El trabajo muestra todas las medidas regresivas que aplicó el Gobierno libertario y también señala los resultados negativos que produjeron. Además, denuncia que produjeron la desestructuración de todo el sistema normativo, en detrimento de los derechos y garantías de los ciudadanos y ciudadanas.
CORREPI señala algunas de las medidas que se tomaron; entre ellas, que en la actualidad el Ministerio de Seguridad Nacional responde a la doctrina continental que exigen Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Violencia institucional
Durante la administración de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad, que duró hasta el pasado 10 de diciembre, «se implementó el protocolo antipiquete y el protocolo de uso de arma de fuego, que permite disparar por la espalda a personas desarmadas o que están huyendo«, repasa el trabajo.
También entró en vigencia la Ley Antimafia, «en realidad, antiorganización, que permite allanamientos sin orden judicial y detenciones sin intervención judicial ni defensa por hasta 30 días«.
Se realizó la modificación del sistema de reincidencia y creación de la reiterancia, que impide excarcelación por detenciones previas sin condena. Y el proyecto de baja de edad de punibilidad a niños y niñas de 14 años, que ya tiene sanción en Diputados.
Además, hicieron la reforma de leyes orgánicas de las Fuerzas de Seguridad por decreto gracias a las facultades delegadas que logró Milei en el Congreso de la Nación.
Consecuencias de lo regresivo
La principal consecuencia es que más de 1000 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal, sólo en estos dos primeros años de gestión libertaria. Se produjo un crecimiento exponencial de casos de violencia en términos generales y muertes en lugares de detención, comisarias, alcaidías y cárceles.
En tanto, la violencia de género tuvo un aumente exacerbado y hubo un crecimiento de casos de femicidios, 19 de los ellos -sólo en 2025- fueron cometidos por miembros de las Fuerzas de Seguridad, según apunta el informe.
También señala aumento de represión a la protesta social, 250 personas detenidas y sometidas a causas penales armadas, sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se registraron más de 1500 personas heridas por las fuerzas de seguridad durante movilizaciones pacificas.
Hubo una gran represión hacia trabajadores de prensa mientras realizaban sus tareas en las movilizaciones, es algo que sucedió de manera indiscriminada. «Hoy más que nunca, la represión en Argentina es una política de Estado. De todos modos, la vamos a enfrentar con unidad, organización y lucha sin violencia«, aseguran desde CORREPI.
