El proyecto del gobierno que propone modificar la Ley Nº 26.639, más conocida como Ley de Glaciares, obtuvo el dictamen el pasado jueves, luego de que el documento fuera revisado por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado. El martes, en el Plenario de Comisiones, referentes jurídicos, científicos y organizaciones ambientales habían coincidido en que la iniciativa oficial no es una actualización técnica, sino un intento de desmantelar los presupuestos mínimos de protección del agua en la Argentina.
El codirector de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, Lucas Micheloud, explica por qué mantener la Ley de Glaciares es “defender las cuencas y la vida”.
–¿Qué cambia el proyecto de modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el Ejecutivo?
–La reforma no actualiza la ley sino que la vacía sin derogarla. Elimina la protección automática de todos los glaciares y ambientes periglaciares, reemplaza prohibiciones claras por autorizaciones administrativas y traslada a las provincias la facultad de decidir qué glaciar se protege y cuál puede destruirse. En los hechos, transforma una ley de presupuestos mínimos —pensada para fijar límites— en un régimen flexible, discrecional y funcional al extractivismo minero y petrolero.
–¿Se puede decir que la reforma es ilegal e inconstitucional?
–Sí abiertamente inconstitucional. Viola el artículo 41 de la Constitución Nacional, el principio de no regresión ambiental y desnaturaliza el concepto mismo de presupuestos mínimos. La Corte Suprema ya fue clara afirmando que el nivel de protección ambiental alcanzado no puede retroceder. Esta reforma lo hace de manera directa, sustituyendo un piso común e inderogable por un sótano regulatorio.
–¿Por qué sostienen que la propuesta oficial pone en riesgo el agua del país?
–Porque habilitás actividades extractivas de alto impacto sobre las principales reservas estratégicas de agua dulce. Los glaciares regulan cuencas, alimentan ríos de deshielo y sostienen el abastecimiento de agua de cientos de poblaciones, comunidades y economías regionales. Desprotegerlos implica comprometer la seguridad hídrica en un contexto de crisis climática, retroceso progresivo de glaciares y estrés hídrico creciente.
Más conflictos
En un comunicado de la Oficina del Presidente en redes sociales se remarcó la necesidad de cambiar la legislación para permitir el “legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”, evidenciando que es parte del temario de interés para el oficialismo. Al igual que la reforma laboral, se confirmó que el Senado la tratará el próximo 10 de febrero.
–¿A qué responde la urgencia del gobierno por reformar la ley?
–No responde al interés colectivo sino a las demandas del lobby minero. En San Juan, la presión está asociada a proyectos como Veladero (Barrick Gold–Shandong Gold), Vicuña (Lundin Mining–BHP), Pachón (Glencore) y Los Azules (Río Tinto).
En Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo acaba de aprobar el proyecto San Jorge y habilitó 18 proyectos en Malargüe, varios de ellos en zonas glaciares y periglaciares. Esta es la única urgencia: adaptar la Ley de Glaciares a estos proyectos, cuando debería ser exactamente al revés. Las empresas transnacionales deben respetar la ley, que protege apenas el 1% del territorio nacional. Decir que la Ley de Glaciares frena inversiones es falso, el 99% del territorio nacional ya está disponible para la actividad minera. La pregunta de fondo es otra: ¿cuál es el límite de la expansión minera? ¿Es necesario avanzar sobre el 1% que nos queda, justamente donde están las reservas estratégicas de agua dulce? ¿En serio es necesario hacer minería sobre glaciares, que garantizan agua para la vida, el trabajo y la producción? Nadie propondría dinamitar las Cataratas del Iguazú para extraer minerales. Con los glaciares debería regir el mismo criterio: hay ambientes que no se negocian.
–¿Cómo afectaría la modificación a las comunidades?
–La Argentina ya conoce los conflictos interprovinciales por el uso del agua, como el caso La Pampa–Mendoza por el río Atuel, un río de origen glaciar; o se abre la puerta a la contaminación de las nacientes, como ocurrió en 2015 con el derrame de cianuro de Barrick Gold, que afectó cinco ríos. Esto profundizará los conflictos hidrosociales, incrementará la desigualdad territorial y debilitará la protección de ecosistemas clave que, además de agua, aportan biodiversidad y funciones esenciales frente al cambio climático. Si se modifica la Ley de Glaciares, pierden las comunidades, pero también pierde toda la sociedad. «
«Este proyecto va a estar 40 años en Tribunales»
Durante el debate en el Plenario de Comisiones del Senado, el director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Napoli, subrayó que el proyecto de reforma propuesto por el Gobierno nacional reduce el alcance de la protección y abre una etapa de alta conflictividad judicial: “Si tenemos que reformar la Ley de Glaciares, hay que dar seguridad jurídica. Este proyecto hace exactamente lo contrario. Va a estar en tribunales 40 años”.
En relación con el Inventario Nacional de Glaciares, Napoli advirtió que el proyecto lo desarma en los hechos: “Se va a desbaratar el inventario, porque ahora cada provincia puede decirle al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) qué poner y qué sacar. Van a suceder cosas cada vez más graves que se van a judicializar”.
