El 8 de julio de 2024 se oficializó en Boletíon Oficial la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” luego de un extenso derrotero que llevó más de seis meses de debates legislativos, protestas, modificaciones y denuncias de inconstitucionalidad. La norma resultó aprobada el 28 de junio en la cámara baja con 142 votos a favor, 106 en contra y cinco abstenciones.
La ley, en líneas generales llevó adelante un proceso de desregulaciones económicas, privatizaciones y ajustes en el Estado, una reforma tributaria en favor de las empresas y una profunda reforma laboral. Además concedió facultades extraordinarias al presidente de la Nación para gobernar por encima del Congreso Nacional. Los fundamentos de la norma auguraban la llegada masiva de inversiones externas y, a partir de allí, la creación de miles de empleos.
Un año de la Ley de Base
A un año de su aprobación y con 157 decretos dictados por el ejecutivo al amparo de la ley, sin embargo, los resultados son bien distintos.
Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) liderado por el economista Hernán Letcher da cuenta de los alcances de la norma y arroja un balance marcadamente pernicioso para los trabajadores y el desarrollo nacional.
Mediante resoluciones unilaterales, en el período, el gobierno disolvió nueve entes, programas y regímenes especiales así como una veintena de fondos fiduciarios y Fideicomisos destinados a promover el desarrollo de sectores económicos específicos, la obra pública, la vivienda popular, la ciencia y la tecnología. A la vez seis empresas públicas fueron transformados en Sociedades Anónimas o quedaron sujetas a privatización a la vez que once organismos estatales sufrieron profundas transformaciones, transferencias de sus bienes y descentralizaciones. Once leyes protectoras de derechos individuales, sanitarios y sectores industriales fueron derogadas y decenas de sectores económicos sufrieron desregulaciones en favor de la supuesta libertad de empresa.
La política de privatizaciones de empresas del Estado mediante la cual el gobierno busca favorecer a compañías privadas y recaudar fondos para hacer frente al creciente déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, implica el abandono de parte del Estado de áreas estratégicas en el desarrollo energético nacional tanto aquel basado en la minería (YCRT) como a nivel de la energía nuclear. Las empresas que fueron extraídas del listado de entidades sujetas a privatización, de cualquier forma, han sido objeto de vaciamientos, desmantelamientos de áreas e incluso cambios en sus razones sociales. Son los casos del Banco de la Nación, la Casa de la Moneda, Aerolíneas Argentinas, IMPSA (turbinas), Trenes Argentinos Capital Humano y Represas Comahue entre otras.
RIGI: nada por acá nada para allá
Uno de los puntos clave de la ley de Bases fue el establecimiento de un Régimen incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que concede grandes beneficios impositivos, fiscales y cambiarios para inducir inversiones extranjeras en el país. Lo cierto es que en un año se aprobaron apenas cinco proyectos de los cuales cuatro ya estaban en curso previo a la aprobación de la norma. El 58% de los montos involucrados en el total de 14 de las presentaciones realizadas corresponde a proyectos en manos de la estatal YPF que propone inyectar poco menos de U$S 9,6 mil millones haciendo uso de beneficios que, a la vez, tienden a vaciar las arcas del estado. Según el CEPA, “las inversiones de magnitud prometidas en materia de IED no sólo no se han concretado, sino que el rubro IED del Balance Cambiario del BCRA al mes de 26 mayo 2025 es negativo en USD 1.500 millones desde la asunción del Milei, en virtud de la desinversión constatada en distintas actividades y con autorización del BCRA”.
Para el estudio “los cinco proyectos aprobados significan una inversión de U$S 2.105 millones a desembolsarse en el primer año, apenas el 40% de la Formación de Activos Externos registrada en 45 días (abril y mayo 2025)”. El CEPA alerta sobre la normativa que establece que “al tercer año de maduración de los proyectos el régimen establece la libre disponibilidad de divisas. Hasta ahora no se ha registrado el desembolso de ni un solo dólar de IED correspondiente a estos proyectos, lo que deja en evidencia el desfasaje entre las promesas del régimen y su implementación real”. Pero además, destacan, “en materia de empleo, la generación de puestos de trabajo también es deficiente: los cinco proyectos anunciados implicarían la creación de apenas 1.616 empleos directos”.
La escasez de anuncios de inversión toma una dimensión mayor cuando se analizan a la luz de las dificultades que el modelo de Javier Milei y Luis Caputo plantean al sector externo. El estudio indica que “cuatro de estos cinco proyectos aprobados contemplan compromisos de inversión por U$S 2.105 millones en el primer año y U$S 2.640 millones en el segundo, totalizando U$S 4.745 millones de dólares”.
Pero, señalan, “desde la flexibilización de las restricciones cambiarias, la formación de activos externos alcanzó solo entre abril y mayo una salida de U$S 5.236 millones. Es decir, en apenas mes y medio se esfumó un monto superior al total de inversiones comprometidas para los próximos dos años bajo el RIGI”.
Pero además, destaca el informe, “varios de los proyectos ya habían sido anunciados públicamente antes de la aprobación del régimen, lo que indica que su concreción no dependía del nuevo esquema de incentivos”. Por ejemplo, destacan los casos de Galan Lithium, el parque solar El Quemado, Carbonatos Profundos en San Juan y el Proyecto Sal de Oro. Todos ellos habían sido anunciado entre febrero y diciembre de 2023. Por eso, sostienen, “el RIGI está sirviendo como una herramienta para maximizar beneficios de proyectos que ya estaban en carpeta”.
Del otro lado, los empleos directos e indirectos que se proyecta que podrían crear las inversiones anunciadas por RIGI representan apenas el 20,7% de los puestos de trabajo destruidos en ell sector privado desde diciembre de 2023. Es que, puntualizan, “el régimen muestra que no se trata de un esquema intensivo en generación de puestos de trabajo”.
Impuestos regresivos
La norma, además, redujo la alícuota del impuesto a los bienes personales uno de los más progresivos del régimen tributario local. Por eso, desde la sanción de la norma, la incidencia de ese gravamen cayó desde el 2,9% del total que representaba en 2020 al 1,4% en julio y agosto de 2024. Del otro lado, la restitución del impuesto a las ganancias sobre los salarios implicó que el gravamen pasara de alcanzar al 1,7% de los asalariados hasta el 12,2%.
Por último la norma plasmó una serie de reformas en el mercado laboral tendientes a flexibilizar la contratación de nuevos trabajadores. En resumen se establece la “posibilidad de regularizar relaciones laborales previas a la ley sin penalidades” y la “extinción de la acción penal y condonación total de infracciones, multas y sanciones vinculadas al trabajo no registrado”.
En el mismo sentido de dispuso la “eliminación del REPSAL (Registro de Empleadores con Sanciones Laborales) para aquellas empresas que blanquearan a la totalidad de sus trabajadores” y la “condonación del capital e intereses de las deudas surgidas por falta de pago de aportes con destino a la Seguridad Social”.
A la vez se produjo la extensión del período de prueba para formalizar trabajadores. A pesar de eso la informalidad laboral no se redujo sino que, por el contrario, pasó del 40,8% en el primer trimestre del 2024 hasta el 42% en el último trimestre de ese año. Del otro lado, entre diciembre de 2023 y marzo de 2025 se registró una pérdida neta de empleos registrados en el sector privado de 115.353 mientras creció la registración bajo la modalidad de monotributo.
