La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su más enérgico rechazo a las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en las que justifica el accionar desmedido del efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) que disparó once veces y asesinó a Thiago Correa de 7 años, a uno de sus atacantes que tenía 18 y otros dos que resultaron heridos.
Durante la noche del miércoles de la semana pasada el policía Facundo Aguilar se encontraba fuera de servicio. Y ante un presunto intento de robo protagonizado por cuatro jóvenes, extrajo su arma reglamentaria y disparó al menos once.
Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo, reconstruyó: «Se trata de un terrible hecho de violencia institucional en el que uno de los atacantes recibió varios disparos y murió en el acto, otros dos compañeros suyos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad».
Y enfatizó: «En medio de esta balacera, uno de los disparos del arma reglamentaria del policía Aguilar impactó en la cabeza de Thiago que estaba con su papá en la parada de colectivo; le arrebató la vida».
Cipriano continuó señalando que este caso no se trata de un hecho aislado y que tampoco está desvinculado de responsabilidades políticas de Bullrich y sus funcionarios: «Porque la ministra fue quien modificó los protocolos para el uso de las armas de fuego por parte de los miembros de todas las policías del país».
El secretario ejecutivo se refirió a la Resolución 125/24, que habilitó criterios contrarios a los principios rectores que indican cómo debe ser la intervención policial. Porque está legítimamente constituida y establecida en los Protocolos Internacionales reconocidos e incorporados por Argentina para el uso correcto de las fuerzas de seguridad.
«La norma indica en forma clara y precisa, que los miembros de las distintas policías deben obrar con cuidados extremos al emplear el arma de fuego en la vía pública. Cuando lo hacen tienen que cumplir estrictamente -remarcó el letrado- con los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, progresividad y razonabilidad que están estipulados».
Y lo comparó con la contradictoria resolución de Bullrich: «Porque este reglamento ministerial -que carece de jerarquía constitucional- eliminó la obligación que tenían los efectivos a dar la voz de alto. Además, incorporó como presunción de peligro el supuesto de fuga de una persona armada aun cuando no haya representado una amenaza real».
El secretario ejecutivo siguió ejemplificando. «Todos los elementos que fueron recolectados en la investigación penal preparatoria hasta el momento, muestran que el policía Aguilar, es responsable directo del homicidio del niño y de las heridas de los otros jóvenes víctimas».
Y fundamentó: «Porque no se puede justificar la gran cantidad de disparos efectuados por el policía en una zona poblada y sin una agresión concreta cometida por parte de los supuestos atacantes. Esto da cuenta de lo contradictorio que resulta en la práctica la resolución de Bullrich».
Sobre la responsabilidad de Bullrich
«Las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación son los responsables», apuntó Cipriano. Y continuó señalando. «Porque incluyeron reglamentos y emitieron mensajes que promueven el uso desmedido de las armas de fuego en manos de los policías».
«Además, estos funcionarios avalaron el incorrecto accionar de los uniformados, incluso contradiciendo lo normado por el Poder Judicial, de este modo -denunció el abogado- las fuerzas de seguridad producen muertes».
Y completó: «La promoción del uso desmedido de las armas de fuego por parte de las distintas policías, pone en riesgo a la población en su conjunto. También aumenta al máximo la violencia, por sobre todos en sectores populares, genera un estado policial indiscriminado y arbitrario en la sociedad».
Es por todo ello que desde la Comisión Provincial por la Memoria: «Repudiamos enérgicamente los dichos de la ministra, porque avalan el accionar del policía Aguilar, quien es responsable directo del asesinato del niño y de los otros jóvenes que resultaron heridos», puntualizó el letrado.
Y concluyó. «Denunciamos que Bullrich fue quien legitimó los asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en Argentina; son crímenes del Estado Nacional. Siendo que lo correcto es que los funcionarios políticos se solidaricen con los familiares de las víctimas, porque esas personas han perdido a sus seres queridos».
