Las políticas en discapacidad son como un puente que conecta a las personas con la posibilidad de vivir con dignidad. Sin ese puente, lo que queda no es vida plena, sino apenas sobrevivir. Y cuando el Estado decide desfinanciar este derecho, el impacto es inmediato: las políticas de Javier Milei ya dejaron a más de mil familias sin acceso a la salud ni a las prestaciones básicas que necesitan para sostener su vida.
El pasado 7 de agosto, el presidente Javier Milei promulgó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad que había sido aprobada por el Congreso con amplio respaldo. Esa decisión no solo generó rechazo inmediato en organizaciones y familias, sino que además reavivó el debate sobre los recortes sistemáticos que Milei viene profundizando desde el inicio de su gestión, bajo el argumento de que “no hay plata”.
Se debate el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad
En este marco, este miércoles 20 de agosto la Cámara de Diputados de la Nación debatirá el veto presidencial. La discusión legislativa será un punto clave: o se ratifica la decisión del Ejecutivo o se defiende la norma que buscaba garantizar derechos básicos a miles de personas con discapacidad.
Desde el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se convocó a dos acciones de protesta. Por un lado, este martes desde las 19 en Plaza de Mayo, una vigilia con velas buscará encender simbólicamente una luz de esperanza frente a la oscuridad que implica el retroceso de derechos. Por otro lado, el miércoles 20, habrá una movilización masiva frente al Congreso y en plazas de todo el país para exigir a los diputados que rechacen el veto.
En diálogo con Tiempo, Pablo Molero, coordinador del Foro, subrayó que la convocatoria cuenta con el respaldo de personas con discapacidad, familias, prestadores institucionales y profesionales de todo el país.
Según explicó, se trata de una acción decisiva porque los diputados necesitan alcanzar dos tercios de los votos para revertir el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “La vez anterior estuvimos cerca de lograrlo, y hoy la situación está peor que hace un mes, con instituciones desfinanciadas, pensiones suspendidas y trabajadores de talleres protegidos que siguen sobreviviendo con apenas 28 mil pesos”, afirmó.
De acuerdo con Molero, el deterioro se siente en todos los frentes: no hay aumentos para los profesionales del sector, se frenan las pensiones a personas en situación de pobreza y las instituciones atraviesan un ahogo económico cada vez más crítico. Con crudeza, el referente del Foro advirtió que si el Congreso no actúa, miles de personas quedarán a la deriva. Por eso insistió en que el mensaje hacia los diputados debe ser contundente: si ya votaron a favor antes, ahora no hay razones para retroceder.
Por lo tanto, resulta fundamental recordar qué significaba esta ley y por qué su rechazo genera tanto malestar. Entre sus puntos centrales, protegía las pensiones no contributivas para personas con discapacidad en situación de pobreza y garantizaba el acceso al Programa Federal Incluir Salud mediante la creación de una pensión propia.
Asimismo, aseguraba rehabilitación, educación, transporte y medicación, además de evitar el cierre de hogares y residencias en crisis por falta de recursos. También contemplaba transporte accesible para tratamientos y una actualización salarial para trabajadores de talleres protegidos.
En consecuencia, el veto presidencial se suma a una serie de medidas de recorte que vienen afectando de manera directa a quienes más necesitan del Estado. Para Molero, “no hay nada que haya mejorado en este tiempo; al contrario, la situación es más grave”. Sus palabras resumen el espíritu de la convocatoria: una advertencia urgente frente a un presente de mayor exclusión.
Revés judicial para el Gobierno
Ahora bien, la resistencia no solo se expresa en las calles. En paralelo, la Justicia también empieza a marcar límites al avance del Ejecutivo. El Juzgado Federal de Campana declaró inválido el artículo 3 del Decreto 534/2025, con el que Milei vetó por completo la Ley 27.793.
Si bien la resolución se dio en el marco de un amparo particular —y por lo tanto beneficia únicamente a dos menores de edad—, establece un precedente jurídico de gran relevancia. El juez ordenó restituir las prestaciones suspendidas, dispuso que la obra social adecúe la cobertura a lo que establecía la ley vetada y cargó las costas del proceso al Estado Nacional.
Aunque el Gobierno puede apelar, se trata de un revés judicial contra el veto presidencial en materia de discapacidad, lo que abre la puerta a que se presenten más recursos similares en otros juzgados del país.
No obstante, el propio Foro difundió un comunicado aclarando que el fallo “solo tiene validez para el caso específico de la familia que interpuso la acción legal y no se encuentra firme, ya que aún hay instancias de apelación pendientes”. En ese sentido, subrayaron que, aunque es un antecedente importante, se trata apenas de un paso parcial dentro de un reclamo mucho más amplio. Y confirmaron que las actividades programadas para exigir al Congreso que rechace el veto “seguirán adelante de acuerdo a lo planeado”.
Así, las organizaciones remarcan que el veto constituye un nuevo golpe a los sectores más frágiles. Sin embargo, también subrayan que la respuesta será la movilización popular, al mismo tiempo que los tribunales comienzan a dar señales de freno. En definitiva, el mensaje es claro y contundente: los derechos conquistados no se negocian y la lucha en defensa de la dignidad de las personas con discapacidad seguirá latiendo en las calles… y también en los estrados judiciales.
