Matías Ezequiel Rival –34 años, de oficio soguero artesanal y trabajador en un tambo de Coronel Brandsen– está preso por cuidar un ternero. En detalle: en noviembre de 2024 fue condenado a cuatro años de prisión por abigeato agravado durante un juicio abreviado, luego de que una defensora oficial lo obligara a reconocer el delito a cambio de garantizarle la prisión domiciliaria. Sin embargo, hace unos días el juez de Ejecución Penal José Nicolás Villafañe hizo lugar al pedido de la fiscal Maribel Furnus de revocar la medida y ordenó el traslado del peón a una celda de la DDI de La Plata. Ahora, su nueva defensa, a cargo de los abogados Ignacio Fernández Camillo y José Francisco Sánchez Peralta, solicita su libertad por considerar que su detención es «ilegítima, arbitraria y fruto de un acuerdo viciado».
El absurdo expediente judicial –otro más– se abrió en plena pandemia, más precisamente en julio de 2020. “Mi hermano encontró un ternero chiquito, no tendría más de una semana, y me dice ´no me lo crías pobrecito, está en la calle’. Le pido permiso a Marcelo Claudio Nicliceppe (el propietario del campo El Mana donde trabajaba) que me autorice a llevarlo. Me dijo que sí, que no había drama (…) Vino la policía y me dijo que el ternero es choreado. Le digo ‘no, pará. A mí me lo trajo mi hermano’, lo llamé a mi hermano y dijo: ‘sí, yo me hago cargo, yo lo llevé al ternero’; y cuando fue mi hermano a hablar igual me llevaron a mí”, relató Matías en una entrevista filmada con sus abogados.
“Pusieron una defensora –continuó– y le digo ‘dejame que yo pongo mi abogado’; me dijo ‘no, no, porque ya cerramos el caso acá y ya está’. Bueno, ahí me hicieron una audiencia y me dieron cuatro años de prisión domiciliaria”.
El 6 de noviembre de 2024, en una audiencia virtual, la jueza Carmen Palacios Arias homologó el acuerdo entre la fiscalía y la defensa de cuatro años de prisión, pero bajo arresto domiciliario con salidas laborales.
Una vez iniciado el legajo de ejecución de la pena, y radicado en el Juzgado de Ejecución N°2 de La Plata, la fiscal Furnus planteó la revocación del arresto domiciliario alegando que Rival no cumplía ninguno de los supuestos en que se puede conceder dicha medida como, por ejemplo, padecer alguna enfermedad grave, ser mayor de 70 años o tener personas con discapacidad a su cargo.
El juez Villafañe hizo lugar al pedido de Ministerio Público y el pasado 22 de agosto ordenó el traslado del peón a una unidad penitenciaria con régimen abierto.
Sistema absurdo
La nueva defensa de Rival interpuso una acción de hábeas corpus ante la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata por “privación ilegítima de la libertad” y plantearon la nulidad del acuerdo de juicio abreviado y que “se disponga la inmediata libertad de Matías Ezequiel Rival, subsidiariamente se retome su arresto domiciliario con salidas laborales”. La Cámara rechazó, puntualmente, el hábeas corpus desconociendo, en palabras del abogado Fernández Camillo, “la gravedad que el caso entraña, así como desconocen la responsabilidad que tienen como funcionarios”. El próximo paso de la defensa es presentar la acción de revisión en el Tribunal de Casación.
“Matías Rival se encuentra cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por un hecho que no existió y de existir, definitivamente, él no cometió”, insiste Fernández Camillo y concluye: “El absurdo de nuestro sistema de justicia hizo que hoy estemos solicitando la libertad de una persona presa por cuidar un ternerito de pocos días de vida”.
