Casi cien muertos por fentanilo contaminado, inacción del Ministerio de Salud, allanamientos a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y en domicilios de funcionarios, salud pública en crisis. En medio de todo este contexto, el Estado nacional no para con el ajuste: en lo que va del año, comparado al mismo período del 2023, la subejecución de la ANMAT llega al 27%.
Así lo señaló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución presupuestaria de la Nación. «Entre las principales conclusiones, se detecta una caída real del gasto total de la APN del orden del -31% interanual respecto a 2023, lo que refleja un ajuste significativo en áreas sensibles de la administración», apuntan.
Eso sí, no todas las áreas sufrieron recortes. Por ejemplo, sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento del 23% respecto a 2023: «Por otra parte, los Servicios de Deuda Pública representan el 9% del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria».
En materia de organismos públicos, se observan fuertes recortes en la mayoría de las áreas de Salud, «incluyendo la Superintendencia de Servicios de Salud (-56%), hospitales nacionales con ajustes entre -30% y -38%, el Instituto Malbrán (-26%) y la ANMAT (-27%)«. El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte registra una caída del 35%, y se destacan programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-89%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-74%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-34%). La única excepción positiva es Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (+41%).
La causa por fentanilo sigue su curso
La inacción estatal no es gratuita. El mayor caso es el del fentanilo, donde a pesar de las advertencias, el Ministerio de Salud de Nación no intervino a tiempo y cientos de lotes contaminados fueron a centros de salud y terminaron afectando a pacientes de todo el país.
Esta semana, el juzgado federal en lo Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, ordenó este lunes siete allanamientos en la investigación por la causa del fentanilo contaminado. Los procedimientos judiciales, a cargo de la Policía de la Ciudad, se llevan adelante en las sedes centrales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), ubicada en Avenida de Mayo al 800 y la sede del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en avenida Caseros, ambas en la ciudad de Buenos Aires.
El resto de los allanamientos son en domicilios particulares: el de la administradora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, en la localidad de Olivos; la ex titular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, en la ciudad de Quilmes; de la directora de fiscalización y gestión de riesgo del INAME, Ana Laura Canil en la ciudad de Buenos Aires; de la directora de poscomercializacion y acciones regulatorias del INAME, Mariela Baldut en la ciudad de Buenos Aires y del jefe de departamento de inspectorado del INAME, Maximiliano Carlos Lalin también en la ciudad de Buenos Aires.
Los procedimientos judiciales los lleva adelante la Policía de la Ciudad. Buscan «preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados”.
Recortes a la ciencia y la educación
La subejecución no es solo potestad del área de Salud. En el sector científico, los recortes son generalizados, con caídas importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-83%), CONAE (-40%), CONICET (-29%), Servicio Geológico Minero Argentino (-32%), Servicio Meteorológico Nacional (-23%), Fundación Miguel Lillo (-26%) y CONEAU (-27%).
Los organismos de Seguridad Social muestran disminuciones relevantes: ANSES registra un recorte del 7%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 72%, y el INAES del 75%: «En los programas de Desarrollo Social se observa una caída casi total en Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social (-100%), Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia (-89%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-74%)».
En materia de desarrollo productivo, los recortes afectan a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-76%), INTA (-37%) e INTI (-44%). Los organismos vinculados a energía presentan también fuertes ajustes, incluyendo la Comisión Nacional de Energía Atómica (-39%), la Autoridad Regulatoria Nuclear (-10%), el ENRE (-24%) y el ENARGAS (-26%).
Un exponente es la paralización total del reactor nuclear CAREM, que era de avanzada en la región. El Gobierno tenía que destinar solo entre 200 y 300 millones de dólares (menos de lo que gasta por día para intervenir sobre el precio del dólar) para terminar un proyecto único, ejecutado en un 85%, el único creado íntegramente en el país, que posiciona a la Argentina como uno de los máximos referentes a nivel mundial en materia nuclear. Además de parar la obra, el gobierno despidió 230 trabajadores, entre ellos científicos de primer nivel que sostenían el desarrollo del proyecto.
No se salvan ni las fuerzas de seguridad
De acuerdo al informe de CEPA, las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas también experimentan recortes significativos: Policía Federal (-32%), Gendarmería (-29%), Prefectura Naval (-29%), Ejército (-17%), Armada (-20%) y Fuerza Aérea (-21%).
En el área educativa, los programas críticos registran ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-88%), Becas y Gestión Estudiantil (-77%), Acciones de Formación Docente (-79%), Infraestructura y Equipamiento (-46%) y Desarrollo de la Educación Superior (-30%).
En transporte y obra pública, la ejecución es extremadamente baja, con caídas del 89% al 100% en Infraestructura en Municipios, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación, Desarrollo de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Construcción de Túneles y Puentes Grandes (-98%), Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-94%), Desarrollo de Obra Pública (-93%) y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios (-89%).
Finalmente, las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios muestran fuertes ajustes: Asistencia Financiera y Técnica a Municipios (-98%), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100%), Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100%), transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas (-99%) y a la Secretaría de Energía (-83%), mientras que Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional presenta una caída del 31%.
