La discusión en torno al rol del Estado en el área de discapacidad no se trata de cifras ni de papeles: se trata de vidas. De pibes y pibas que hace meses ven cómo se suspenden terapias, se frenan traslados, faltan medicamentos y se diluyen acompañamientos que no admiten pausa. De madres y padres haciendo malabares para sostener con su bolsillo lo que debería garantizar el Estado. Por eso, a las 10, todo el sector vuelve a la calle frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para reclamar lo obvio: que se cumpla la Ley 27.793, que se convoque al Directorio del Sistema Único, que se actualicen los aranceles y que se liberen los fondos retenidos.
Desde el Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, su presidente Pablo Molero pone en palabras lo que se ve en cada institución y en cada casa: sin actualización de valores ni pagos al día, los servicios se caen y las personas quedan sin atención. Señala que a las 10 está prevista la reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas y que el sentido de estar hoy en la sede es claro: que esa mesa tome decisiones concretas después de meses de deudas, promesas y silencios.
Discapacidad en emergencia
La bronca crece sobre una contradicción que nadie explica. El 24 de septiembre se asignó una partida de $121.000 millones para adecuar aranceles del Sistema Único de Prestaciones; sin embargo, ANDIS y el Ministerio de Salud siguen sin liberar los fondos, sin convocar en tiempo y forma y sin cancelar compensaciones atrasadas. Molero lo resume sin vueltas: «si la plata está asignada, tiene que estar en los centros, en los tratamientos, en las familias».
Mientras tanto, la red de atención se desangra: centros de día que achican horarios, transportistas que cortan recorridos por falta de pago, profesionales que trabajan sin cobrar y hogares endeudados para que ningún chico pierda su tratamiento. El recorte empieza por las casas y se siente en los cuerpos: en la estimulación temprana que no llega, en la medicación que se estira, en la espera que se vuelve eterna.
La Ley 27.793, aprobada por unanimidad, declaró la Emergencia en Discapacidad y ordenó financiar y actualizar el sistema. En los hechos, el incumplimiento vuelve papel mojado lo que debía ser alivio. Molero lo plantea con la urgencia del día: si la ley existe pero no se cumple, es como no tenerla; hoy venimos a que se cumpla y a que se pague lo que se debe.
No es solo una protesta: es un abrazo que se vuelve trinchera. En cada vida hay una historia. En cada abrazo, una forma de resistencia. No se reclama un número: se defienden tratamientos, trabajos y dignidad. Es ahora. No hay más tiempo.
