El panorama es crítico. Los pagos se demoran, los aranceles permanecen congelados y los programas de atención se reducen. Cada interrupción en el financiamiento se traduce en terapias suspendidas, acompañamientos que no pueden continuar y tratamientos que definen la calidad de vida de las personas con discapacidad. Por eso, el paro y la movilización de hoy fueron la expresión de un reclamo sostenido que busca evitar el colapso.
Desde temprano, trabajadores, prestadores, familias y personas con discapacidad se concentraron en la Plaza del Congreso y marcharon hacia el Ministerio de Salud, bajo una consigna que condensó el sentimiento común: “La discapacidad no puede esperar”. Esa frase se volvió bandera de quienes cada día enfrentan las consecuencias del desinterés oficial.
“El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad propuso a los prestadores, tanto institucionales como individuales, realizar un cese de actividades para visibilizar que la ley no se cumple y que esto no da para más”, explicó Pablo Molero, presidente del organismo. “Exigimos una mesa urgente para actualizar aranceles y poner en marcha la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
La Ley 27.793, sancionada en septiembre de 2025, declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta diciembre de 2026 y busca garantizar los derechos a la salud, la rehabilitación, la educación, el trabajo y la protección social. Prevé la actualización mensual de los aranceles, la regularización de deudas con los prestadores, la creación de una pensión no contributiva especial y la asignación de partidas presupuestarias específicas. También contempla un mecanismo de diálogo permanente entre el Estado y las organizaciones del sector.
A más de un mes de su promulgación, la norma sigue sin aplicación efectiva. No se reglamentaron sus artículos principales ni se liberaron los fondos necesarios. En los hechos, la ley existe, pero no funciona. Ese incumplimiento es el núcleo del reclamo: fue aprobada para garantizar derechos y hoy esos derechos continúan vulnerados.
El malestar creció luego de los hechos ocurridos el 17 de octubre en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde referentes del Foro y familias fueron maltratados y desoídos. Desde entonces, el mensaje fue uno solo: sin diálogo ni medidas concretas, el sector no puede seguir esperando.
“Los pagos llegan tarde o no llegan; los prestadores se endeudan, los centros cierran y las familias quedan a la deriva”, dijo una madre durante la movilización. No se trata de un conflicto administrativo sino de una crisis humana que afecta directamente la vida de miles de personas. Cada demora o ajuste se convierte en una vulneración más.
La Ley 27.793 nació para dar respuestas urgentes, pero sin voluntad política ni recursos la emergencia se profundiza. El reclamo no se limita a lo económico: apunta a la responsabilidad del Estado de garantizar derechos básicos. Detrás de cada programa que no se aplica hay una vida que se paraliza.
Frente al Ministerio, la escena fue clara. La paciencia se agotó y la urgencia se transformó en bandera. Lo que se pide no es asistencia, sino la decisión política de poner en marcha lo que ya fue votado. Lo que está en juego no es una planilla ni un número de presupuesto, sino el derecho a vivir con dignidad.
