El gobierno nacional arribó a las elecciones legislativas con el lastre de una persistente aceleración inflacionaria, cuyo dato de septiembre marca un preocupante aumento del 2,1%. Las proyecciones de los analistas, lejos de ofrecer alivio, anticipan que la cifra de octubre se ubicaría algo por encima de ese registro, señalando una incapacidad del Ejecutivo para contener la dinámica de precios. En este contexto económico inestable, diversos aumentos cruciales golpearán el bolsillo de los ciudadanos a partir de noviembre, intensificando la presión sobre los indicadores sociales.
Alquileres
La problemática habitacional sigue escalando. Los contratos de alquiler regidos aún por la derogada Ley de Alquileres, si bien experimentarán una suba «más moderada» que en meses recientes, registrarán un significativo aumento cercano al 42,2% en noviembre.
- Impacto anual: un alquiler mensual de $ 600 mil ascenderá a $ 853.200 en el período anual 2025-2026, una carga financiera considerable para las familias.
- Contratos actualizados por IPC: Aquellos con actualización trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC) sufrirán alzas del 6% (un contrato de $ 600.000 pasaría a $ 636.000).
- Acuerdos Cuatrimestrales: Los acuerdos con ajustes cuatrimestrales evidenciarán subas del 8,5% (un contrato de $ 600.000 pasará a costar 651.000).
La significativa suba anualizada, incluso con una ley derogada (cuyos efectos persisten), subraya la continuidad del deterioro del poder adquisitivo en un mercado habitacional desregulado y con alta inflación.
Salud privada: aumentos que superan la inflación
Las principales firmas de medicina prepaga han notificado al Gobierno aumentos en sus cuotas que oscilarán entre el 2,1 y el 2,8% desde noviembre. Si bien el Ejecutivo ha promovido la desregulación del sector, no se observa una mejora en la moderación de precios.
- Dato clave: el rango de aumento (2,1 a 2,8%) iguala o supera el dato de inflación general de septiembre (2,1%), asegurando que el costo de la salud privada se mantenga a la cabeza de la escalada de precios.
La bomba de tiempo de los combustibles
Una de las decisiones más criticadas del Gobierno fue el aplazamiento (vía Decreto 699) de la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) que debía aplicarse en octubre.
- Argumento oficial vs. realidad: La Secretaría de Energía justificó la postergación como una búsqueda para «continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible». Sin embargo, la medida fue percibida abiertamente como una estrategia para evitar un alza inmediata en los precios durante el mes electoral.
- Traslado de costos: Este aplazamiento simplemente traslada el impacto de la suba impositiva y la devaluación al mes de noviembre, sumado a otros aumentos ya aplicados (como el incremento parcial del 0,8% en septiembre y la autorización de un 4% en los precios de los biocombustibles).
Esta maniobra evidencia una gestión fiscal cortoplacista que prioriza el clima político inmediato sobre la estabilidad económica de mediano plazo, dejando en suspenso una nueva suba de naftas y gasoil en el horizonte de noviembre. El precio de la nafta súper de YPF, que ya ronda los $1400 el litro en CABA, es un reflejo del impacto acumulado de la política económica en un bien transversal a toda la cadena de costos.
El combo de inflación persistente, el impacto descontrolado en alquileres y prepagas, y la postergación estratégica de aumentos en combustibles generan un escenario de profunda incertidumbre para noviembre. El gobierno de Milei enfrenta la crítica de no haber logrado revertir la inercia inflacionaria y de aplicar políticas que, aunque busquen contener el costo político momentáneo (como en combustibles), solo terminan por consolidar un ambiente de alta presión económica sobre la sociedad.
