“Lo que está en juego –explica el abogado ambientalista Lucas Micheloud– no es un simple dragado, sino el destino ecológico y cultural del río más importante del país. Las dragadoras multinacionales y sus socios locales ven un negocio millonario donde nosotros vemos un bien común que garantiza vida, agua y soberanía. No se puede seguir ampliando el cauce mientras el Delta se seca y la cuenca colapsa.”
Esta semana, en la audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para tratar el llamado “Informe de Gestión y Evaluación Ambiental” de la Vía Navegable Troncal del Paraná (VNT), más del 90% de los expositores rechazó el proyecto de dragado, profundización, ensanchamiento y cambio de trazas sobre el Río Paraná para convertirlo en una “hidrovía”.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) celebraron que “a pesar de los obstáculos deliberados para dificultar la participación –desde información técnica desordenada hasta falta de difusión–, la respuesta fue categórica: una enorme cantidad de expertos, referentes sociales, académicos, intelectuales y sindicales que rechazaron este modelo de río”.
En detalle, el gobierno no presentó ningún Estudio de Impacto Ambiental válido, pese a que las obras de dragado ya están en curso. “No existe línea de base ni evaluación de impactos acumulativos. La información no fue clara, ni accesible, ni difundida en forma efectiva, violando el Acuerdo de Escazú”, denuncia el colectivo.
El proyecto presentado por la ANPYN ofrece aumentar el calado del curso de agua dulce de 36 pies actuales (10,97 metros de profundidad) hasta, por lo menos, entre 38 y 40 pies (11,58 y 12,19 metros respectivamente) desde el punto de ingreso por el Río de la Plata hasta la localidad de Timbúes, en Santa Fe, en un plazo licitatorio de diez años extensibles a dos años más. Aunque no está oficializado, estiman que el calado podría extenderse a 44 pies.
“Pretender llevar el dragado a 44 pies es un delirio técnico, ecológico y jurídico –insiste Micheloud–. Actualmente la navegación comercial funciona plenamente; no hay justificación alguna para seguir perforando el río sólo para que los barcos de ultramar lleguen a los muelles fluviales. Es una política extractiva extrema disfrazada de eficiencia logística».
Ilegalidad
En la participación de la sociedad civil se destacan organizaciones socioambientales, comunidades isleñas, trabajadores del río, universidades, sindicatos, colectivos artísticos y ciudadanos autoconvocados. “Lo que se expresó fue una oposición transversal, masiva y bien argumentada, que dejó en evidencia la profundidad del rechazo a este modelo extractivo”, resumió el comunicado de Abogados/as Ambientalistas.
La defensa del río se sostiene “como fuente de agua potable para millones; como corredor de biodiversidad y soporte de humedales; como territorio habitado por comunidades que resisten; y como bien común que no puede seguir siendo gestionado a espaldas de la sociedad”.
Para las organizaciones que resisten el proyecto del Gobierno, “la audiencia, lejos de legitimar el proceso, demuestra la ilegitimidad de lo que se está intentando hacer con el Paraná. La voz colectiva desmontó el simulacro. Cada intervención señaló distintos aspectos en los cuales el Estado, y las empresas usuarias, violan la constitución y el deber de proteger los bienes naturales. Y cuando eso pasa, el pueblo se organiza y habla. A esta altura, el gobierno no puede alegar desconocimiento, ni ignorar la voluntad ciudadana. La oposición es contundente”.
En ese sentido, Micheloud agrega que «detrás del discurso de la competitividad se esconde el viejo poder del lobby agroexportador y de la Bolsa de Comercio de Rosario, que busca maximizar ganancias a costa de la salud del río y de las comunidades ribereñas. El Paraná no puede seguir siendo tratado como una autopista privada, es un ser vivo y un ecosistema clave para la vida de los seres humanos y no humanos”.
Y concluye: “Desde hace tres décadas, el proyecto de la hidrovía opera como un verdadero régimen de excepción al Estado de derecho ambiental: nunca obtuvo una Declaración de Impacto Ambiental de la autoridad competente, pese a las perforaciones, sobredragados y ensanchamientos que vienen transformado negativamente el cauce del Paraná, afectando este ecosistema y los humedales del Delta, pero también la calidad del agua dulce que consumen más de 10 millones de personas. Es una ilegalidad estructural naturalizada por los sucesivos gobiernos.” «
La puerta de entrada de las exportaciones
La Hidrovía Paraguay-Paraná es la principal puerta de entrada de los barcos que transportan el 80% de las exportaciones argentinas de granos y sus derivados -sobre todo aceite y harina de soja-, lo que en 2024 representó -según un informe de la Fundación Pensar– aproximadamente el ingreso de US$ 30.000 millones al país. Además, el total de exportaciones fue de US$ 79.000 millones.
Entre las localidades de Villa Constitución y Timbúes existen 28 terminales portuarias que conforman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, luego del de Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Solo en 2024, desde estas terminales portuarias se tributaron al Estado nacional más de US$ 2900 millones en materia de retenciones, según informes del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Santa Fe.
“El modelo de río –afirman las organizaciones socioambientales– que intentan imponer no tiene licencia social. Exigimos la anulación del proceso y la suspensión inmediata de la licitación proyectada”.
