Las dos federaciones más representativas a nivel nacional de los docentes universitarios coincidieron en una medida de fuerza contundente para esta semana. El Congreso de secretarios generales de sindicatos de base de la CONADU Histórica había tomado la iniciativa y fijado una acción de 72 horas pautada para el miércoles 12 de noviembre hasta el viernes 14 del mismo mes.
En las deliberaciones algunos sindicatos llegaron a proponer con mandatos de base un paro de una semana o incluso por tiempo indeterminado con suspensión de exámenes finales.
La organización que forma parte de la CTA Autónoma decidió romper la quietud luego de la decisión del gobierno nacional de no dar cuenta del rechazo al veto a la ley de financiamiento universitario que resolvieron por mayoría especial de dos tercios ambas cámaras del Congreso.
#PlanDeLucha
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Luego de una consulta a través de una encuesta y su propio Congreso de secretarios generales, la otra entidad que agrupa a los docentes universitarios y forma parte de la CTA de los Trabajadores, la CONADU, decidió acompañar la medida dándole al paro un fuerte respaldo en tanto entre ambas organizaciones representan a la casi totalidad de los docentes de nivel superior.
Las federaciones enroladas en la CGT, por su parte, decidieron no acompañar la medida a la espera de ujn dialogo con el gobierno. Se trata de la FATUN que agrupa a los trabajadores no docentes y la FEDUN que representa a los docentes pero con una representación minoritaria.
12, 13 y 14/11 #ParoNacional
El miércoles pasado, tanto el secretario de Educación Carlos Torrendell y el subsecretario de políticas universitarias Alejandro Álvarez ratificaron en la comisión de Presupuesto de Diputados que no aplicarán la Ley de financiamiento universitario. pic.twitter.com/L3TQLxv4Zx
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La decisión del gobierno coincide con la que adoptó con relación a las leyes de emergencia en discapacidad y la de emergencia en pediatría en tanto decidió promulgar las leyes pero, en su reglamentación, dejarlas en suspenso en nombre de la ausencia de fondos para su financiamiento acorde a lo que, dicen, sostiene la Ley N° 24.156 de Administración Financiera del Sector Público.
Sin embargo, para los otros casos dispuso incrementos salariales y de partidas de forma unilateral que en le caso del Hospital Garrahan implicaron un aumento del 61% de los salarios de sus trabajadores que sostienen un arduo conflicto durante el último año.
Con todo, el argumento esgrimido no resiste el menor análisis en tanto la ley dispone una actualización de los salarios y fondos de funcionamiento acordes a la evolución de la inflación oficial y por lo tanto, implica un sostenimiento de los recursos y no su incremento injustificado. En el mismo período el gobierno optó por eximir del pago de retenciones a las cerealeras que retenían granos por un valor cercano a los U$S 8 mil millones dejando de recaudar alrededor de U$S 1.500 millones.
El aumento que corresponde otorgar a los docentes y no docentes de las 66 universidades nacionales equivale a poco más de un 43% que permitiría reestablecer los haberes al nivel de noviembre de 2023.
Atento a la situación las universidades nacionales agrupada en el Consejo Interuniversitario Nacinoal (CIN) decidieron elevar su reclamo a la justicia. Así lo informaron el 22 de octubre pasado cuando “el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795)”.
Allí el decano de Derecho de la UBA Leandro Vergara que ofició de anfitrión del encuentro señaló que “un decreto no puede suspender una ley”. Por su parte el vicepresidente del organismo Franco Bartolacci denunció que “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
La medida afectará a cerca de 200 mil docentes y entre 2 y 3 millones de estudiantes en todo el país. Los gremios evalúan profundizar las medidas con la posibilidad de la suspensión de la toma de exámenes y el no inicio del ciclo lectivo 2026.
