La detención del padre Paco Olveira este miércoles en las inmediaciones del Congreso, en el marco de la marcha de los jubilados, no es un hecho aislado, sino la persistente evidencia de la represión y la insensibilidad que caracterizan al gobierno de Javier Milei. La imagen del sacerdote, una voz crítica y comprometida con los más pobres, siendo llevado por la Policía Federal, sintetiza la intransigencia oficial frente a cualquier forma de protesta social.
Este episodio trasciende la mera aplicación del protocolo de seguridad. Es la respuesta autoritaria de un gobierno que, mientras ejecuta un ajuste brutal a expensas de los sectores más desprotegidos, criminaliza el reclamo legítimo y pacífico. La detención de Olveira, un «pastor con olor a oveja» como lo describió el diputado Valdés, junto a un joven manifestante identificado como Fidel, subraya la voluntad punitiva del Ejecutivo nacional.
La protesta de los jubilados, que se repite cada miércoles, es la manifestación palpable de un profundo malestar social que, tal como señaló el propio Olveira, es la «punta del iceberg» de una crisis que el gobierno se empeña en ignorar. Estos ciudadanos, que dedicaron su vida al trabajo, hoy se encuentran sumidos en la desesperación debido a la asfixia económica impuesta por el modelo libertario.
OTRA VEZ DETUVIERON AL PADRE PACO
La Policía del régimen lo arrestó y reprimió a jubilados que intentaban defenderlo.
Tras la presión de los manifestantes, el sacerdote fue liberado.
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El veto presidencial a la reforma previsional, que buscaba un aumento en sus haberes, no es solo un acto de gestión, sino una declaración de guerra contra los jubilados. Milei eligió conscientemente mantener a millones de personas mayores en la indigencia para sostener un superávit fiscal ficticio, demostrando una crueldad inaudita y una total falta de empatía.
El operativo de seguridad, con la Policía Federal en el primer cordón a cargo de las detenciones, exhibe la priorización de la fuerza represiva sobre el diálogo y la contención social. Lejos de tender puentes, el gobierno militariza el espacio público y utiliza el poder del Estado para disciplinar a la disidencia.
La liberación de Olveira no borra la gravedad de su detención. Por el contrario, la subraya como un acto de intimidación que busca silenciar a quienes denuncian las consecuencias de las políticas de ajuste. La voz de los Curas en Acción por los Pobres y la de los jubilados se convierte así en un espejo incómodo que el gobierno de Milei prefiere romper a mirar.
El caso del padre Paco y la constante lucha de los jubilados son la prueba irrefutable de que el costo del «cambio» lo pagan siempre los mismos, mientras el gobierno utiliza su aparato represivo para consolidar su proyecto de miseria planificada. El ensañamiento con los jubilados es la marca de la brutalidad social de la era Milei.
