A poco más de tres meses del temporal trágico en Bahía Blanca, y horas después del veto presidencial a la Ley de Emergencia por el Desastre ocurrido en el sudoeste bonaerense, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, viajó por sexta vez a esta localidad y apuntó a la gestión nacional: «Milei decidió otra vez abandonar a los bahienses».
La cartera encargada de las obras informó que ya ejecutó el 20% de la inversión que destinó al Plan de Reconstrucción de Bahía Blanca, «lo que representa un avance concreto de $40.470 millones sobre un total actualizado de $210.554 millones».
“Esta es la sexta vez, desde el 7 de marzo, que venimos a Bahía Blanca con el equipo del Ministerio a seguir trabajando con el intendente Susbielles en la reconstrucción de esta ciudad”, subrayó el funcionario.
Continuó: “Hoy lo hacemos en el marco del Consejo Asesor para la Reconfiguración Hidráulica de Bahía junto a expertos con los que hemos consensuado, planificado y validado obras estructurales hacia adelante”.
“Milei decidió otra vez abandonar a los bahienses y vetó los fondos que debían estar destinados a la emergencia. Bueno, esta comunidad tiene que saber que la Provincia y el Municipio, con mucha responsabilidad, van a seguir invirtiendo todo lo que sea necesario para dejar atrás la tragedia y la angustia”, completó Katopodis.
El Plan de Reconstrucción de Bahía Blanca
El plan de reconstrucción supera en más de 10.000 millones los 200.000 millones que supuestamente el Gobierno nacional destinó a la ciudad. Incluye tres líneas de acción, «con intervenciones prioritarias», que permiten reconstruir la infraestructura dañada.
Ya se ejecutaron $10.560 millones del Plan del Sistema Hidráulico, para el cual se creó el Consejo Asesor para la reconfiguración hidráulica de Bahía Blanca, un espacio integrado por expertos hídricos y áreas del Gobierno Provincial y Municipal que llevará adelante distintas acciones y estudios sobre las obras de reconstrucción de la ciudad.
Este eje contempla las obras de emergencia en el Canal Maldonado, la limpieza del Arroyo Napostá, que se encuentra finalizada, y la licitación del nuevo Puente Ferroviario, el Puente Carretero en la calle Don Bosco y el puente Pampa calle Central, además de la reconstrucción de sumideros existentes.
Como segundo eje, en el Hospital Interzonal “Dr. José Penna” (uno de los epicentros de la tragedia con la icónica imagen de enfermeras y neonatólogas trasladando bebés ante la subida del agua) ya destinaron $4.000 millones para la ejecución de la puesta en valor y reparaciones de emergencia y la licitación para la reconstrucción del laboratorio y la reparación de cubiertas.
«Además, ya se ejecutaron $25.910 millones que son parte del Fondo de Reconstrucción de Infraestructura Urbana para obras que reemplacen y recuperen las instalaciones afectadas en toda la ciudad», informaron.
Y añadieron que las intervenciones contemplan trabajos de pavimentación en distintas calles de la ciudad; dos etapas de reconstrucción de la infraestructura que incluye iluminación y encarpetado de bacheo: «También, la empresa ABSA está ejecutando el recambio de 3.795 metros de cañerías; 3.034 metros de cañerías cloacales; y el colector máximo».
El Plan de Reconstrucción de Bahía Blanca se complementa con la inversión de $298.738 millones que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos lleva adelante para 111 obras y proyectos, «entre las que se destaca el Plan Hídrico Integral de Bahía Blanca y Coronel Rosales que permite dar una respuesta estructural a los problemas históricos de producción y distribución de agua potable que afectan a esta zona del sudoeste bonaerense».
El veto de Milei a Bahía Blanca
El Gobierno nacional vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, con el justificativo de que esos 200.000 millones de pesos de los que habla la norma supuestamente ya fueron destinados a socorrer la emergencia. Aunque los propios datos oficiales marcan que 4000 personas aún no recibieron su subsidio y que a otras 1500 se los rechazaron.
En el principal distrito del sudoeste bonaerense, donde Javier Milei sacó más del 60% en las últimas elecciones, las marcas de la inundación aún persisten como heridas abiertas, pero la presencia del Gobierno nacional ya es cosa del pasado. Mediante Boletín Oficial, el Decreto 424/2025 vetó por completo la Ley 27.790, sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y el partido vecino de Coronel Rosales por 180 días y disponía una serie de medidas de asistencia financiera a los damnificados por la trágica inundación del 7 de marzo.
Según argumentan, las medidas contenidas en la ley “ya fueron adoptadas mediante el Decreto 238/25”, que estableció el SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (SUR), con fondos gestionados por el Ministerio de Seguridad.
Sin fondos para obras
El proyecto vetado había sido impulsado por senadores bonaerenses y contemplaba la creación de un fondo especial de $200.000 millones, exenciones impositivas, una moratoria de 180 días para deudas, la promoción de obras con mano de obra local y una línea de créditos blandos a través del Banco Nación.
Según el decreto presidencial, ya se abonó el subsidio a 32.076 personas, sobre un total de 37.546 inscriptos. Unos 3.962 casos siguen en análisis, mientras que el 4% fue rechazado. Sumando ambos casos (los que están siendo «estudiados» y los rechazados), superan los 5500: casi un 15% del total de los que lo solicitaron.
Además, el Ejecutivo afirmó que no existe partida presupuestaria específica para implementar la ley sancionada, lo que «incumple las leyes de administración financiera». Aunque los Gobiernos cuentan con fondos interministeriales precisamente para catástrofes y emergencias. Curioso o paradójico resulta que lo destinado a Bahía Blanca iba a ser menor a lo gastado en 2025 por compras en el exterior gracias al dólar subsidiado del Gobierno, o poco más que lo gastado en pauta oficial por YPF y BNA, y mucho menos que lo destinado a subsidiar a las fintech como Mercado Libre.
Foto: Gentileza La Nueva
Otro punto que omite el Ejecutivo en su decreto de veto es que la Emergencia no incluía solo los subsidios. Gran parte de los fondos iban a ser para obras, un punto clave para reconstruir la ciudad. No solo para la comunidad sino incluso para el aparato productivo, por ejemplo con las vías destruidas por las inundaciones, que conectan con el norte y el oeste, el caso paradigmático es la conexión Vaca Muerta-Bahía Blanca.
Desde el Gobierno también rechazaron incluir a Coronel Rosales en el plan de asistencia, asegurando que “no fue considerada entre las zonas más afectadas” por informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional y otros organismos.
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Reclamo social y una ciudad postergada
Los datos de las 5500 personas que aún no recibieron la ayuda prometida de Nación surgen en un contexto de fuertes críticas desde sectores sociales y políticos, que denuncian demoras en la asistencia. De hecho, esta situación ya motivó protestas y acampes en Ingeniero White y otros barrios afectados.
A pesar de la implementación del programa, el Gobierno rechazó avanzar con la nueva ley aprobada por el Congreso, argumentando que ya se destinaron $ 200.000 millones para este fin y que no existe una nueva fuente de financiamiento.
Bahía Blanca ya había sido afectada por otra decisión del Ejecutivo, cuando de manera inconsulta decidió mudar la locación de la planta de GNL que iban a hacer YPF y Petronas de Bahía Blanca a Punta Colorada (Río Negro), que finalmente concluyó en que la empresa de Malasia desistiera de seguir con el proyecto, lo que derivó en la pérdida de miles de puestos de trabajo que se iban a crear y decenas de miles de dólares que se iban a generar en los próximos años.
