Mientras en la Exposición Rural de Palermo los sectores concentrados del agro piden menos impuestos, más beneficios y libertad absoluta para desarrollar sus negocios, los mismos niegan a los trabajadores del campo un salario que equipare el valor de la canasta básica de alimentos, fijada actualmente en $1.118.117.
Este fin de semana, abundaron en Palermo los discursos cuidados, los trajes planchados y los flashes. Pero del otro lado de la vidriera, en el interior profundo, miles de peones, cosechadores, tareferos y operarios rurales trabajan sin horario y en condiciones muy alejadas de los parámetros mínimos de seguridad e higiene, cuando no en absoluta precariedad.
En criollo: ganan sueldos que no alcanzan para comer y sostienen con su cuerpo el sistema productivo del que otros se llevan cuantiosas ganancias.
En junio, mientras los empresarios del agro reclamaban baja de retenciones y más subsidios, ofrecieron 0% de aumento a los trabajadores rurales. Ante tanta generosidad, está de más subrayar que los salarios siguen estancados por debajo de la línea de pobreza.
Tras semanas de movilización al costado de las rutas del país (para visibilizar el conflicto), se logró una recomposición en el salario del peón general permanente: $681.000 de bolsillo en julio y $705.000 en agosto.
Si bien aún estamos lejos de un ingreso que permita vivir con dignidad, al menos sabemos que este es el camino: participación y apoyo a la negociación paritaria, movilización y lucha. Una y otra vez, hasta fijar en la conciencia colectiva que quienes producen los alimentos de nuestra mesa no pueden garantizárselos a sus propios hijos.
Ante tan apremiante situación, sería por demás conveniente que en la paritaria a abrirse en agosto lleguen al bolsillo de los trabajadores parte de los beneficios anunciados oficialmente.
De otro modo, seguiremos viviendo en un tiempo donde “las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas”.
Por si todo esto fuera poco, el poder de policía laboral (en manos del Gobierno Nacional) brilla por su ausencia. Ante ello, no resulta suficiente la fiscalización ejercida por las provincias, atento una realidad en la cual abundan la explotación y el incumplimiento de leyes y reglamentos.
Es hora de hacerse cargo y dejar de especular con el silencio. Porque cuando el Estado se borra, el abuso avanza.
Salarios de miseria: trabajar para ser pobre
La motosierra de Javier Milei no solo afectó al Estado: también dejó sin protección a miles de trabajadoras y trabajadores. Se desmantelaron políticas de control, se desfinanciaron áreas claves como el INTA y se avanzó con la Ley Bases, habilitando una reforma regresiva del régimen laboral; la cual flexibiliza condiciones, ataca convenios colectivos y pone en peligro derechos adquiridos, protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
En el campo, la motosierra se siente fuerte. La informalidad se multiplica, los contratos desaparecen y los jornaleros quedan librados a su suerte. No hay inspección, no hay fiscalización, no hay voluntad de garantizar condiciones mínimas para quienes producen los alimentos que consumimos cada día.
También lo vemos en las industrias del interior: tambos, frigoríficos, aserraderos, curtiembres, viñedos y empresas textiles están en serios problemas. Cierran o se achican; porque el consumo cae, la energía es impagable y el Estado se ha retirado de su responsabilidad de proteger y promover el trabajo y la producción nacionales.
No hay país posible si se ajusta siempre sobre el trabajo y la producción, en beneficio del capital especulativo. No hay justicia si los que más tienen siguen pidiendo más, mientras los que menos tienen deben salir a la ruta —con hambre, con frío, con lo puesto— a reclamar simplemente un sueldo que alcance para comer.
Van a las protestas con el rostro curtido por el viento y el frío. No hay trajes ni discursos ensayados; abundan los cuerpos cansados, las manos agrietadas y una certeza: el campo no se sostiene con promesas, sino con trabajo. Y ese trabajo debe ser remunerado con dignidad.
Mientras continúen la injusticia y la desigualdad, en cada rincón del país donde haya un trabajador rural se levantará una bandera de la UATRE, símbolo de que la lucha sigue. Allí estaremos, denunciando, organizando y resistiendo. No nos vamos a resignar a la Argentina del “sálvese quien pueda”. Porque el campo no se sostiene con motosierra: se sostiene con trabajo. Y ese trabajo merece una justa retribución.
