En el marco del emplazamiento que realizó el pleno de la Cámara, este martes la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió para emitir dictamen sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2026. El oficialismo se alzó con el de mayoría, tras conseguir 20 votos, igual que Unión por la Patria (UxP), y se desempató porque se ejerció el doble voto del presidente de la Comisión. De todas formas, si dicho proyecto se trata en Extraordinarias como desea al Gobierno, lo cual es muy posible, estos dictámenes dejarán de tener vigencia.
Durante mi intervención en la reunión expuse las objeciones del bloque del que formo parte al texto enviado por el Poder Ejecutivo. Mencioné inicialmente una serie de observaciones conceptuales a un programa que busca avanzar con el ajuste, la reforma fiscal y la quita de derechos.
El argumento principal del oficialismo para justificar la continuidad del recorte de gastos es la defensa del superávit fiscal. Sin embargo, este proyecto oculta el déficit fiscal, ya que no tiene en cuenta los intereses de una enorme parte de la deuda del Estado nacional (capitalizable), cuyos intereses se suman como mayor deuda y no pasan por el cuadro de resultados. Ésta es una de las debilidades que tiene el Presupuesto, que parece desconocer las normas contables que hasta el propio FMI plantea en la materia. El informe del “staff” del organismo de agosto de este año deja explícito que “incluir todos los pagos de intereses capitalizados al sector privado por encima de la línea implicaría un déficit fiscal financiero de aproximadamente 1,2% del PIB”.
En pos del mentado equilibrio fiscal, se pasan por alto el financiamiento de las leyes de emergencia nacional en discapacidad, educación universitaria, recomposición del salario docente, emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de la residencia nacional en salud. Temas que han sido aprobados por el Congreso de la Nación y cuya aplicación sigue siendo ignorada por el Poder Ejecutivo. Tampoco hay financiamiento para la obra pública ni para las cajas previsionales provinciales, entre tantos otros asuntos clave.
Hay en el texto innumerables propuestas de prescindir de normas de altísimo impacto. En el artículo 30 del proyecto del oficialismo se propone derogar disposiciones de leyes vigentes que colocan un límite inferior de gasto o garantizan el financiamiento de programas esenciales en materia educativa, del sistema de Ciencia y Tecnología, y de defensa nacional. Entre ellas, se dejaría sin efecto el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional, que establece el incremento sostenido de la inversión educativa hasta alcanzar un piso del 6% del PBI. Su eliminación implicaría desfinanciar el sistema educativo y desconocer un compromiso federal asumido por el Estado argentino.
A su vez, los artículos 72 y 73 derogan la ampliación del beneficio de la Ley de Zonas Frías y la actualización automática de las asignaciones familiares, que generaría un deterioro del ingreso real de las familias.
Es también inaceptable, y un desdén hacia las instituciones de la democracia, que en el proyecto del Ejecutivo no esté incluido el swap con Estados Unidos, ni el crédito que un grupo de bancos daría, en condiciones que por cierto no se conocen. Son cuestiones que hacen al manejo presupuestario y que deberían estar contempladas. Al respecto, en el dictamen de UxP se reafirman “las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación en materia de arreglo de deuda establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional, en particular las previstas en el inciso 4 (contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación), inciso 7 (arreglar el pago de la deuda exterior de la Nación) e inciso 22 (aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales)”.
Existen además aspectos por mencionar en torno a las proyecciones macroeconómicas, ya que elaborar el Presupuesto con un dólar de $ 1300 a diciembre del 2025 y $ 1426 para diciembre de 2026 no parece considerar la cotización actual (más cercana a los $ 1500). En materia de inflación, analizando lo proyectado para 2026, se supone un promedio de menos del 0,9% mensual durante todo el año. Teniendo en cuenta que los valores mensuales hoy están más cerca del 2% que del 1%, seguramente estarán pensando en cumplir el objetivo sobre la base de mayor ajuste y pérdida de derechos.
En contraposición, es preciso avanzar con un Presupuesto que apunte a construir un país con inclusión, con derechos y con soberanía. Queremos un país diferente, donde haya un Estado presente y a la vez eficiente, que pueda atender las necesidades de la ciudadanía, en particular las de los grupos más débiles, ya que los de mayor riqueza cuentan con la protección de los mecanismos del mercado. Un país donde se cuide a la ciencia, a la educación, a la cultura, y se propicie el desarrollo de los sectores productivos, defendiendo el federalismo y la autonomía nacional.
El valor de la soberanía
Se cumplieron 20 años de la histórica Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Mar del Plata y en donde los presidentes de Argentina, Brasil, Bolivia y Venezuela pusieron punto final al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Se venía de transitar la “larga noche” neoliberal, que se generalizó y profundizó en la región tras la caída del bloque socialista, y que traía consigo el anuncio del “fin de la historia” y el de las “ideologías”, que lejos estuvieron de verificarse.
El neoliberalismo generó graves consecuencias en América Latina. Algunas de ellas se pudieron morigerar durante la ola de gobiernos progresistas, pero no se revirtieron completamente. Persistieron fenómenos como la desarticulación de los tejidos productivos, la desigualdad y la pobreza.
Muchos países se encuentran ahora ante una avanzada hegemónica neoliberal sin precedentes de parte de Estados Unidos, que está tratando de reinstalar aquel proyecto con diversas estrategias y herramientas (financiera, militar, arancelaria, etc.).
Si bien los contextos nacionales y mundiales son distintos, es inevitable encontrar similitudes en el marco ideológico que pretendía imponerse en ese entonces y el actual. El ALCA fue planteado desde sus comienzos como una propuesta norteamericana para profundizar las reformas económicas y la dependencia con Estados Unidos. Aquel proyecto se basaba en la legislación del NAFTA (acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá) y de la OMC (Organización Mundial de Comercio) y apuntaba a generalizarla en la región. Incluía, entre otros aspectos, apertura comercial, garantías a la inversión extranjera, límites (si no impedimento) al compre nacional de los Estados, desregulación, etc. Cuestiones que hoy resuenan, y de manera mucho más explícita, en las palabras de Donald Trump, Scott Bessent y Peter Lamelas.
En el caso argentino, estas pretensiones han quedado en evidencia en ocasión del “auxilio” del gobierno norteamericano, que viene con fuertes condiciones, geopolíticas y de captura de nuestros recursos naturales, más allá de que aún se desconoce la letra chica. Habrá que seguir de cerca lo que ocurra con el acuerdo comercial bilateral, que pronto sería anunciado.
Todo lo que se firme terminará impactando en el futuro e intentará limitar cada vez más la posibilidad de una vuelta atrás del actual modelo.
Mantener la soberanía es fundamental para, más adelante, disponer de márgenes para reconstruir la economía y avanzar hacia una sociedad con mejor distribución del ingreso y más inclusiva.
