Los sindicatos afectados por el DNU 340/25 se encuentran activos con el propósito de lograr que el congreso nacional le ponga un freno definitivo a la medida.
El decreto que se conoció en mayo de este año dispuso una modificación drástica de la normativa que regula la actividad naviera local.
Allí, además y sin lógica aparente, se dispuso el establecimiento de la esencialidad a otro gran número de sectores económicos que, por ese motivo, debían garantizar el 75% de sus prestaciones en caso de una medida de fuerza. Algo similar establecía para otros sectores de “importancia trascendental” obligados a sostener el 50% de su actividad en caso de conflicto gremial.
La norma, sin embargo, quedó en suspenso por sucesivos fallos judiciales que la cuestionaron esencialmente por su carácter inconstitucional en lo que a la violación del derecho a huelga se refiere.
Con todo, el grueso de la norma está centrado en la desregulación de la actividad de la marina mercante y, por lo tanto, la preocupación de los sindicatos pasa por que un giro judicial de alguna naturaleza habilite el cuerpo general de la normativa que los afecta dejando de lado el aspecto más abiertamente violatorio de los derechos laborales.
Por eso anunciaron de manera conjunta su voluntad de sumarse “al pedido de una sesión especial en la Cámara de Diputados, en la que se buscará tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, que desregula la actividad en aguas argentinas”.
La convocatoria, explican, “impulsada por diversos bloques opositores incluye también proyectos sobre financiamiento universitario y fondos para el Hospital Garrahan”.
Tal como está dicho, los gremios aclaran que “aunque el decreto fue suspendido preventivamente por la Justicia laboral, los trabajadores advierten que no es suficiente y exigen su nulidad definitiva por parte del Congreso”.
“La postura de la Justicia sobre la inconstitucionalidad del DNU 340/25 debería ser un llamado de atención para los diputados y diputadas que votaron los superpoderes a Javier Milei”, sostuvo el Capitán Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo y representante de la ITF para el sector fluvial argentino.
En detalle, el dirigente explicó que “la suspensión preventiva no garantiza ni la seguridad laboral ni que el gobierno no vuelva a intentar desmantelar la actividad marítima, fluvial y pesquera. Por eso, como trabajadores, como argentinos y como votantes, les exigimos que este miércoles se sienten a dar quórum y dicten la nulidad del Régimen de Exención de la Marina Mercante”.
La convocatoria a la sesión, detallan, “fue impulsada por los jefes de bloque Germán Martínez (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), junto a los diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó (Encuentro Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Sergio Acevedo (Santa Cruz)”. Por eso, dicen, hay “expectativa de alcanzar el número necesario para abrir el debate”.
Sobre el contenido de la norma los sindicatos explican que “el DNU 340/25 implica una entrega de soberanía al habilitar banderas extranjeras en el cabotaje nacional, destruye condiciones laborales, habilita la competencia desleal sin convenios colectivos y pone en riesgo la seguridad en la navegación”.
Por eso, Moreno señaló que “no estamos discutiendo una reforma técnica. Estamos defendiendo los puestos de trabajo, la soberanía sobre nuestros ríos y mares, y el futuro de una Marina Mercante nacional que aún podemos recuperar”.
